La norma fue aprobada por unanimidad en el Senado y establece que el Estado podrá recuperar los gastos de salud ocasionados por conductores responsables de siniestros viales que hayan manejado alcoholizados o bajo los efectos de estupefacientes. El proyecto fue presentado en el Senado por Diego García y tuvo como autor al diputado Nicolás González Ferro.
La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de Recupero de Prestaciones de Salud, una iniciativa que obliga a los conductores que provoquen siniestros viales mientras conducen bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes a reintegrar al Estado los costos de la atención médica brindada por el sistema público.
La norma había recibido previamente la aprobación de la Cámara de Diputados y fue sancionada por unanimidad. El proyecto fue presentado en el Senado por Diego García y tuvo como autor al diputado Nicolás González Ferro.
El recupero de los gastos solo podrá realizarse cuando se acredite, mediante los procedimientos legales correspondientes, que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol o de drogas al momento del hecho y que la autoridad competente determine su responsabilidad en el siniestro.
Durante el debate, el senador García sostuvo que conducir exige “atención, dominio, capacidad de reacción y plena aptitud psicofísica” y remarcó que quienes deciden hacerlo tras consumir alcohol o estupefacientes generan un riesgo para ellos mismos y para el resto de las personas que circulan por la vía pública.
El senador remarcó que la legislaación deja en claro que el sistema público de salud continuará brindando asistencia inmediata e integral a todas las víctimas de un accidente, sin importar las circunstancias. La diferencia es que, una vez determinada la responsabilidad, el Estado podrá reclamar el reintegro de los gastos al conductor responsable.
El recupero comprenderá los costos de la atención médica del propio conductor y también la de los terceros afectados, en la proporción de responsabilidad que establezca la autoridad competente. La medida incluye gastos por diagnósticos, internaciones, cirugías, medicamentos, traslados e insumos médicos.
Con esta nueva herramienta legal, la Provincia busca desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas y fortalecer el principio de que quienes incumplen la ley deben asumir las consecuencias económicas de sus actos, sin afectar el acceso universal a la atención sanitaria.
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