La medida fue impulsada por la abogada Agostina Gomez y ordenada por el Juzgado de Familia N.º 1 de San Luis. Incluye la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la suspensión de la licencia de conducir y la prohibición de salida del país.
Una resolución judicial dictada por el Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis dispuso tres medidas coercitivas contra un vecino de Quines que incumplió reiteradamente con el pago de la cuota alimentaria destinada a sus hijos menores de edad.
La decisión fue adoptada por la jueza Natalia Giunta tras una presentación realizada por la abogada Agostina Gómez, quien solicitó la aplicación de distintas herramientas legales previstas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Según consta en la resolución, el demandado registraba incumplimientos consecutivos en el pago de la cuota alimentaria, situación que llevó al tribunal a hacer lugar a las medidas requeridas.
En primer término, la Justicia ordenó su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia de San Luis. Además, dispuso comunicar la resolución al organismo de tránsito correspondiente para proceder a la suspensión de su licencia de conducir.
A su vez, y en virtud del reiterado incumplimiento, el tribunal ordenó la prohibición de salida del país del progenitor hasta tanto regularice su situación, una medida contemplada en el artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habilita a los jueces a adoptar acciones razonables y efectivas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Consultada por Norte Puntano, la abogada Agostina Gomez destacó la importancia de este tipo de resoluciones judiciales. “La cuota alimentaria es un derecho de los hijos y no una opción para los padres. Cuando existe un incumplimiento reiterado, la ley brinda herramientas para garantizar ese derecho y proteger el interés superior de los niños”, señaló.
La profesional remarcó además que se trata de una medida ejemplificadora, ya que demuestra que la Justicia cuenta con mecanismos concretos para actuar frente a quienes desatienden sus responsabilidades parentales.
Por tratarse de una causa vinculada a menores de edad, se resguardan las identidades de las partes involucradas.


















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