Se trata de Francisco Bustos Ibáñez, a quién el tribunal ordenó su inmediata detención y el traslado al Servicio Penitenciario. El hecho sucedió en 2014 y la víctima fue Fernando Morán. Los otros imputados fueron absueltos por el beneficio de la duda.
La Cámara Penal Nº 1 condenó este viernes a un policía provincial a tres años de prisión y dos de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos, por encontrarlo culpable del delito de apremios ilegales (en los términos del artículo 144 bis incisos 1 y 2, y artículos 54 y 45 del Código Penal Argentino), y absolvió a los otros tres efectivos imputados por la aplicación del beneficio de la duda (conocido jurídicamente como “in dubio pro imputado”).
Se trata de Francisco Bustos Ibáñez, a quién el tribunal ordenó su inmediata detención y el traslado al Servicio Penitenciario. El hecho por el que se llegó al debate oral sucedió el 12 de octubre de 2014 en la ciudad de Quines y el damnificado fue Fernando Morán, quien ese entonces era alférez de la policía.
Morán se encontraba ese día de franco y en compañía de unos amigos en la plazoleta San Martín, en la terminal del pueblo, y fue llevado a la comisaría donde recibió golpes y malos tratos por parte del condenado. Además de Bustos fueron juzgados Servando Bautista Carreras, Hugo Fernando Moyano y Eduardo Ramón Becerra. Los cuatro uniformados prestaban funciones en el Grupo Especial Norte Unidad Región I (GENURI).
En su alegato, el Fiscal de Cámara Maximiliano Bazla Casina solicitó la pena de tres años de prisión y seis de inhabilitación para Bustos. Para el resto de los imputados consideró un año de prisión en suspenso y de tres de inhabilitación.
El tribunal estuvo integrado por su presidenta, la Dra. Silvia Inés Aizpeolea y por el Dr. José Luis Flores y la Dra. Sandra Gabriela Ehrlich, quien reemplazó al Dr. Jorge Sabaini Zapata. La audiencia se realizó de manera semipresencial.
La defensa de Morán fue representada por el Dr. Pedro Gianello. En su alegación, el abogado solicitó la mayor rigurosidad a los cuatro funcionarios públicos que actuaron en el hecho.
En tanto, los representantes de los imputados solicitaron al tribunal la absolución de sus defendidos. El Dr. Jorge Pereyra Malatini fue el defensor de Bustos Ibáñez, el Dr. Alfredo García Garro defendió a Moyano, mientras que la Dra. María de los Ángeles De Pascuale representó a Carreras y la Dra. Fanny Tortosa, a Becerra.
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