Así lo determinó el ministerio de Educación, a partir de intervenciones articuladas entre las instituciones educativas, el ministerio de Seguridad y el ministerio Público Fiscal. Los 34 jóvenes fueron sancionados con la pérdida del beneficio, tras haber emitido amenazas que instalaron miedo social.
A su vez, los directivos de escuelas públicas y privadas de todo el territorio provincial, ante este tipo de casos recurren a la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar (GUIARSE) que se encuentra en el sitio web y que contempla más de 70 protocolos que permiten actuar con rapidez para proteger a los alumnos y a toda la comunidad escolar.
Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal continúa trabajando de forma articulada con Educación y Seguridad en la investigación de situaciones similares registradas en otras instituciones educativas de la provincia.
Además, la cartera educativa pone a disposición herramientas de capacitación y acompañamiento para la prevención y el abordaje de estas problemáticas. Las acciones son desarrolladas por el equipo profesional de la subdirección de Bienestar Escolar, con el objetivo de fortalecer la convivencia y promover entornos escolares seguros.


















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