El exministro de Legalidad fue detenido en la madrugada del sábado tras quedar firme la condena de seis años dictada por la Corte Suprema.
El exministro de Legalidad de San Luis, Sergio Gustavo Freixes, ingresó al Servicio Penitenciario Provincial alrededor de las 2 de la madrugada de este sábado para comenzar a cumplir una condena de seis años de prisión. La detención se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso de queja presentado por su defensa y dejara firme la sentencia por presionar a magistrados para que firmaran renuncias anticipadas antes de asumir sus cargos.
Freixes fue trasladado por efectivos de la Policía Federal desde Villa Mercedes hasta la Unidad 1 del penal provincial, donde quedó alojado. Al ingresar, se le tomaron las fotografías oficiales y se certificó la ejecución de la sentencia ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis.
Un caso que comenzó hace 20 años
La causa judicial se remonta a 2004 y 2005, durante el primer mandato del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Las investigaciones revelaron un sistema mediante el cual se condicionaba a los jueces designados en la provincia: como requisito previo para que el Poder Ejecutivo enviara sus pliegos al Senado, se les exigía firmar por adelantado una renuncia al cargo sin fecha.
El escándalo salió a la luz gracias a la denuncia presentada por la entonces fiscal Gretel Diamante ante la justicia federal, con el patrocinio de la organización Poder Ciudadano. A esto se sumó el testimonio clave de Marina Ziliotto, quien había accedido por concurso al cargo de jueza de Cámara y denunció que, antes de asumir, se le exigió participar de un pedido de jury contra dos colegas de la Cámara de Apelaciones. Todo esto bajo amenaza de hacer efectiva la renuncia anticipada que había firmado sin fecha.
El largo recorrido judicial
El 1° de noviembre de 2018, el Tribunal Oral Federal condenó a Freixes a cinco años de prisión como coautor de amenazas coactivas y amenazas agravadas, aunque fue absuelto por uno de los dos hechos investigados.
En 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revisó la causa, lo condenó también por el segundo hecho y elevó la pena a seis años de prisión. Posteriormente, otra sala de Casación confirmó la responsabilidad penal del exfuncionario tras una nueva apelación de la defensa.
El último intento por evitar la prisión llegó ante la Corte Suprema, donde Freixes cuestionó la revisión de la sentencia, la calificación legal y el monto de la pena, alegando violación al principio de ne bis in ídem y al plazo razonable. Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos por inadmisibles bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El mecanismo de control judicial
Según quedó probado en el juicio, mediante una modificación en la Ley Orgánica de Administración Judicial en 2004, el Ministerio de Legalidad controlaba el proceso de selección de jueces. Esto generó un sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo provincial, ya que cuando un magistrado actuaba contrariamente a los intereses oficiales, podía ser removido mediante la “renuncia” anticipada firmada y reemplazado por otro funcional al gobierno.
La organización Poder Ciudadano, que presentó un amicus curiae en el caso, destacó la gravedad de los hechos por la vulneración a la independencia entre poderes y subrayó que la resolución trasciende a las partes involucradas, al proteger las formas republicanas de gobierno.
Con la detención de Freixes, se cierra un proceso judicial que se extendió durante casi dos décadas y que dejó al descubierto maniobras de injerencia del Poder Ejecutivo en el funcionamiento del Poder Judicial de San Luis.
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