Dos concejales votaron en contra de tratar el proyecto que regulaba un servicio que la Cooperativa presta desde hace más de 60 años. La ordenanza permitiría garantizar derechos a los usuarios, establecer subsidios para familias vulnerables y formalizar legalmente la concesión. San Luis perdió la oportunidad de tener la primera cooperativa de agua con respaldo de ordenanza municipal en la provincia.
Un proyecto de ordenanza que buscaba formalizar la concesión del servicio de agua potable a la Cooperativa de Agua, Telefonía y Otros Servicios Públicos de Quines no pudo ser tratado sobre tablas en la sesión del Concejo Deliberante del pasado 2 de diciembre, tras el rechazo de dos concejales de la oposición. La iniciativa requería dos tercios de los votos para su tratamiento inmediato y obtuvo cuatro votos positivos contra dos negativos, insuficientes para alcanzar el número necesario.
Los concejales Gustavo Ariel Alcaraz, Rosa Ana Ruiz, Ramona Angelina Marín y Ricardo Daniel Astudillo votaron a favor del tratamiento sobre tablas, mientras que Mariam Adli Nasif y Claudio Miguel Ortiz Alaniz se opusieron, frustrando así la posibilidad de que la ordenanza fuera aprobada antes del cierre del año legislativo.
La Cooperativa de Quines presta el servicio de agua potable en el municipio desde 1964, habiendo construido y mantenido toda la red de distribución con capital propio aportado por sus socios durante más de seis décadas. Sin embargo, esta situación nunca había sido formalizada mediante un instrumento legal que estableciera claramente derechos y obligaciones entre la entidad y el municipio.
El proyecto de ordenanza presentado ante el Concejo Deliberante buscaba subsanar esta situación, otorgando a la Cooperativa una concesión formal por 15 años que incluía múltiples beneficios para la comunidad. Entre los puntos destacados se encontraban la posibilidad de establecer un sistema de subsidios directos para familias en situación de vulnerabilidad, la regularización del pago del costo de uso de la napa a través de San Luis Agua, y la garantía de continuidad en las inversiones necesarias para el mantenimiento y expansión del servicio.
El proceso había avanzado favorablemente en las instancias previas. Las autoridades de la Cooperativa, acompañadas por su asesora legal, la abogada Adriana Correa, habían participado de una reunión de comisión en el Concejo Deliberante donde expusieron los fundamentos legales y la necesidad de contar con este instrumento público. En ese encuentro, los concejales expresaron su voluntad de dar formato legal mediante ordenanza al servicio que la Cooperativa ya prestaba de manera efectiva.
“La respuesta fue positiva en la comisión. Nuestra abogada expuso todos los fundamentos legales y los beneficios que surgen a partir de esta ordenanza. Los concejales manifestaron su acuerdo”, explicaron desde la Cooperativa.
Tras esa reunión, el Concejo envió un borrador del proyecto con una única modificación: la concesión sería por 15 años en lugar de los 20 años originalmente propuestos. La Cooperativa aceptó el cambio y, dado que el año legislativo estaba próximo a finalizar, solicitó formalmente mediante nota del 27 de noviembre que el proyecto fuera tratado sobre tablas en la sesión del 2 de diciembre.
Sin embargo, y a pesar de que el proyecto ya había sido analizado en comisión y se habían realizado los ajustes necesarios, dos concejales se negaron a autorizar su tratamiento inmediato, obligando a postergar la discusión para el próximo período legislativo.
“Lamentablemente el Cuerpo no llegó a un acuerdo favorable”, manifestó la Cooperativa en una comunicación posterior al Concejo, en la que expresó su decepción por el resultado de la votación. “Entendemos que es de suma importancia para nuestra comunidad la aprobación de este proyecto”, agregaron.
La ordenanza hubiera significado un hito para San Luis, ya que de aprobarse, Quines se convertiría en la primera localidad de la provincia en contar con una cooperativa de agua respaldada por una ordenanza municipal. El proyecto estaba basado en experiencias exitosas de localidades de provincias como Córdoba y Santa Fe, donde este tipo de normativas han permitido fortalecer la gestión cooperativa de los servicios públicos.
Con la formalización de la concesión, la Intendenta Municipal hubiera podido suscribir un contrato con la Cooperativa que estableciera claramente los derechos y deberes de ambas partes en la distribución del agua potable en el pueblo, brindando seguridad jurídica tanto a la entidad como al municipio y, fundamentalmente, garantizando mayores beneficios y protección para los usuarios del servicio.
Entre los socios de la Cooperativa comenzaron a surgir interrogantes sobre los motivos que llevaron a los dos concejales de la oposición a rechazar el tratamiento sobre tablas de un proyecto que, según manifiestan, traería únicamente beneficios para la comunidad. La inquietud se profundiza al considerar que el proyecto había sido discutido ampliamente en comisión, donde no se habían planteado objeciones de fondo, y que la propia Cooperativa había aceptado las modificaciones sugeridas. “No se entiende por qué frenar algo que nos favorece a todos como usuarios y que le da marco legal a un servicio que ya funciona hace décadas”, comentaban algunos asociados, que esperan que en el próximo período legislativo prime el interés común por sobre cualquier diferencia política.
La Cooperativa manifestó que volverá a presentar el proyecto en el próximo período legislativo, confiando en que entonces pueda alcanzarse el consenso necesario para su aprobación.
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