La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°3 formuló cargos contra el comisario Juan Carlos Moreira por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. Las irregularidades de las que se lo acusa incluyen el secuestro de objetos no autorizados en las órdenes de allanamiento, la distribución indebida de mercadería incautada entre el personal policial, la alteración de un número de serie en una computadora, el retiro y posterior devolución de un arma sin registro formal, y la falta de documentación de elementos confiscados durante procedimientos en el norte puntano.
La Justicia de San Luis avanzó este miércoles en la investigación contra el jefe de la dependencia policial de Quines, Juan Carlos Moreira, quien fue formalmente imputado por irregularidades detectadas en cinco procedimientos policiales realizados entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024.
La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del fiscal Esteban Roche y la fiscal adjunta María José Guiñazú, detalló ante la Jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, las presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante operativos de secuestros y allanamientos bajo responsabilidad del funcionario policial.
Las irregularidades investigadas
Según la investigación fiscal, las irregularidades incluyen el secuestro de objetos no autorizados en las órdenes de allanamiento, la distribución indebida de mercadería incautada entre el personal policial, la alteración de un número de serie en una computadora, el retiro y posterior devolución de un arma sin registro formal, y la falta de documentación de elementos confiscados durante procedimientos en el interior provincial.
Además, se detectaron omisiones en actas y actuaciones realizadas sin la debida autorización judicial, lo que configuraria el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por el cual Moreira fue imputado de manera provisoria.
La medida de coerción
El Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado firme el libro de imputados una vez por mes durante 60 días, entre el 1 y el 10 de cada mes, mientras se completa la producción de pruebas testimoniales y documentales.
Sin embargo, el Defensor Oficial en lo Penal N°3, Carlos Salazar, cuestionó la calificación legal y argumentó que su cliente siempre estuvo a derecho, no interfirió en la investigación y reside en Quines, a unos 150 kilómetros de San Luis, por lo que la medida implicaría un perjuicio innecesario. Solicitó que se rechace la imposición.
Tras escuchar a ambas partes, la jueza Banó resolvió tener por formulados los cargos contra Moreira y dispuso una medida de coerción modificada: el imputado deberá presentarse una vez por mes, cualquier día del mes, durante 60 días, a firmar el libro de imputados en la Fiscalía.
La investigación continúa su curso mientras se reúnen las pruebas restantes que permitirán determinar la responsabilidad definitiva del funcionario policial en los hechos investigados.
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