La medida fue dispuesta por el juez Juan Manuel Montiveros Chada tras un pedido de la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 2. La investigación se vincula con la presunta ocupación irregular de un inmueble rural ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 15.
El juez Juan Manuel Montiveros Chada, titular del Juzgado de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, tuvo por formulados los cargos contra Zulma Karina Fernández y Juan Pablo Puertas por el presunto delito de usurpación de un inmueble rural ubicado en la localidad de Los Manantiales, en el departamento Belgrano.
La audiencia se realizó a pedido de la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 2, representada por la fiscal adjunta Ornella Costa. En la causa también intervino la querella, a cargo de la abogada María Alejandra Liceda, en representación del denunciante Jonathan Fernández. La defensa de los imputados estuvo a cargo de los abogados Zarif y Karim Neme.
De acuerdo con la exposición de la fiscalía, el conflicto se habría iniciado en mayo de 2023 en un campo situado sobre la Ruta Provincial Nº 15, a la altura del kilómetro 24, en el paraje Las Porteñitas. Según la acusación, los imputados habrían permanecido en el lugar luego de que el propietario solicitara la restitución del inmueble, que inicialmente habría sido ocupado de manera provisoria.
La fiscal explicó que años atrás el padre del denunciante permitió que una familiar y su pareja se instalaran temporalmente en el predio mientras finalizaban la construcción de su vivienda en un terreno contiguo. Sin embargo, cuando el propietario pidió la devolución del campo con el objetivo de venderlo, los ocupantes se habrían negado a abandonarlo.
Según la imputación, en mayo de 2023 el denunciante constató que la vivienda estaba terminada y que los imputados habrían alquilado parte del terreno a un tercero para el pastoreo de animales. En ese contexto, siempre de acuerdo con la acusación, le habrían manifestado que no devolverían el inmueble y que debía retirarse del lugar.
La fiscalía sostuvo además que los imputados habrían cambiado los candados de las tranqueras y los cerramientos perimetrales, impidiendo el ingreso del propietario. También indicó que en comunicaciones posteriores habrían exigido 10 mil dólares para restituir la propiedad, argumentando gastos por mejoras realizadas e impuestos abonados.
Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó como medidas de coerción que los imputados firmen el libro de imputados una vez al mes durante cuatro meses ante la Unidad de Gestión Fiscal y que se les imponga prohibición de salida de la provincia por el mismo plazo.
La querella adhirió a lo expuesto por la fiscalía y dejó planteada la reserva de solicitar el lanzamiento del inmueble, una medida prevista en el Código Procesal Penal que permite restituir la posesión del bien a la presunta víctima durante el proceso.
Por su parte, la defensa se opuso tanto a la formulación de cargos como a las medidas solicitadas. Los abogados argumentaron que no existen pruebas suficientes que acrediten la comisión del delito de usurpación y señalaron que existe un proceso civil de desalojo en trámite entre las mismas partes.
Tras escuchar a los intervinientes, el juez resolvió admitir de manera provisoria la formulación de cargos contra Fernández y Puertas por el delito de usurpación, lo que habilita el inicio de la investigación penal preparatoria.
El magistrado explicó que esta etapa tiene como objetivo reunir pruebas para determinar si los hechos denunciados constituyen un delito y si los imputados tuvieron responsabilidad en ellos, y aclaró que la imputación es provisoria y no afecta el principio de inocencia.
En relación con las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía, el juez decidió rechazarlas, al considerar que en esta instancia no se acreditaron riesgos procesales que justifiquen su aplicación. Asimismo, dejó constancia de la reserva realizada por la querella para solicitar el lanzamiento del inmueble en una etapa posterior del proceso.
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