La justicia suspendió las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de San Luis

El juez federal de San Luis, Juan Esteban Maqueda hizo lugar a la medida cautelar que solicitó el fiscal Cristian Rachid para que el Gobierno se abstenga, hasta después de las elecciones generales del 14 de noviembre, de aplicar las medidas. La denuncia había sido realizada por el Comité de Control Electoral del Poggismo.

El diario Clarín fue el primero en publicar en la tarde del viernes la noticia.

Para Maqueda, la medida cautelar tiene como objetivo evitar una “vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a sus representantes, considerando que nos hallamos ante una inminente elección y sin perjuicio de los resultados que arroje la investigación en los términos del art. 146 y ss. del Código Electoral Nacional, podrían existir condicionamientos a los votantes de nuestro país”, según dio a conocer Clarín.

El juez Federal con competencia electoral de San Luis, Juan Esteban Maqueda, impidió que el Gobierno implemente las medidas económicas post-pandemia hasta después de las elecciones del 14 de noviembre.

La medida se tomó a partir de la presentación del fiscal federal Cristian Rachid, tras las denuncias realizadas por el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio y el frente Unidos por San Luis que lidera Claudio Poggi.

En la resolución que firmó este viernes, el juez Maqueda ordenó “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada” por el fiscal y, “en consecuencia, ordenar la restricción al Poder Ejecutivo Provincial al solo efecto de que los ministros, secretarios de Estado y demás funcionarios competentes, se abstengan de ejecutar, hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 14-11-2021 próximos”, de varias de las iniciativas que habían anunciado.

Los programas que quedaron sin efecto hasta después de los comicios son los “contratos de mutuo en ejecución de la línea de microcréditos”; los “pagos en ejecución del plan de asistencia al desempleado”; la denominada “ayuda extraordinaria”, y los “subsidios en dinero.

Nos obstante, el magistrado aclaró que quedan excluidos de esta prohibición “los casos en los que se acredite y justifique debidamente ser imprescindible su ejecución para garantizar la seguridad y/o la salud pública de la población”.

Todas las medidas habían sido anunciadas después de la reunión del Consejo Económico y Social, y ratificadas por la Legislatura.