La Fiscalía acusa a dos ex ministros de Seguridad y tres ex intendentes de celebrar contratos por refacciones en comisarías que nunca se ejecutaron. Los imputados niegan las acusaciones y hablan de “persecución política”.
La Fiscal de Instrucción N° 6, Linda Maluf, formalizó este jueves la investigación penal preparatoria contra cinco ex funcionarios provinciales por presuntas irregularidades en el manejo de dineros públicos que involucran millones de pesos en obras que nunca se realizaron.
La Fiscalía calificó los hechos como parte de un “modus operandi” reiterado caracterizado por la celebración de contratos, liberación de fondos millonarios y posterior rescisión sin rendiciones ni ejecución de las tareas comprometidas.
Los imputados y los cargos
Por estas presuntas maniobras, el Ministerio Público Fiscal imputó a Luciano Anastasi y Claudio Latini, ambos ex ministros de Seguridad del gobierno provincial, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
En tanto, el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, junto a los ex intendentes Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro) y Mario Canali (Cortaderas), fueron imputados como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.
El mecanismo investigado
Según la imputación, mientras ejercía como ministro de Seguridad, Anastasi suscribió convenios con intendentes locales que preveían millonarias refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de manera directa y establecían anticipos de hasta el 40% del monto total.
Sin embargo, la fiscal sostuvo que se realizaron desembolsos que superaron ampliamente lo pactado, sin que existiera inicio, avance ni finalización de las obras comprometidas.
Posteriormente, bajo la gestión de Latini como ministro, los contratos fueron rescindidos “de común acuerdo” bajo el argumento de la inestabilidad económica y crisis inflacionaria, pese a que ya se habían efectuado las transferencias millonarias.
Informes técnicos y constataciones judiciales de 2023 y 2024 confirmaron que los trabajos nunca se realizaron y que los sitios permanecían en estado de abandono.
Medidas cautelares dispuestas
La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, tuvo por formulados los cargos y dispuso medidas de coerción para todos los imputados, excepto para Alí por su carácter de diputado nacional:
- Firmar el libro en Fiscalía del 1 al 10 de cada mes durante 120 días
- Prohibición de salir de la provincia por cuatro meses
- Inhibición general de bienes para todos los imputados
- Prohibición de contratar con el Estado por 120 días
La magistrada consideró que se trata de un delito penal económico con el Estado provincial como principal damnificado, y aclaró que la calificación legal es provisoria.
Las defensas rechazan las acusaciones
“Es una persecución política”
El ex ministro Anastasi cuestionó duramente la causa y la calificó como una persecución política impulsada por el actual gobernador. Señaló que se trata de una investigación “sin fundamentos reales” y que su imputación responde únicamente a haber firmado contratos de obra pública legales.
“Ni siquiera hay excusa para que yo esté acá. Solo buscan poner a ex funcionarios en el banquillo y sacar una foto”, afirmó Anastasi, quien además cuestionó las medidas cautelares por considerarlas desproporcionadas para su actividad empresarial.
“Las obras fueron realizadas”
Por su parte, Ernesto Alí rechazó las acusaciones y calificó la causa como un “escándalo político”. Sostuvo que las obras cuestionadas fueron realizadas, con trabajadores locales y documentación respaldatoria.
“El objetivo es perseguir y acallar voces opositoras, pero no me van a callar ni me van a infundir miedo”, afirmó el legislador, quien anunció que propondrá como testigo al gobernador Claudio Poggi para que explique la legalidad de estos procedimientos.
Argumentos técnicos de la defensa
El abogado Cristóbal Ibáñez, defensor de Latini, sostuvo que no se configuran los elementos necesarios para el fraude contra la administración pública. “Faltan todos los elementos: ardid, engaño, error, disposición y perjuicio patrimonial”, argumentó.
La defensora Estrella Marín, quien representa a Vivas, afirmó que no existió disposición irregular de fondos públicos ni enriquecimiento personal, señalando que los contratos fueron celebrados válidamente dentro de las facultades legales.
Antecedentes del caso
La denuncia que originó esta investigación data de 2023, y según las defensas, la fiscalía no había avanzado durante todo este tiempo porque “no existían elementos suficientes”.
La investigación continúa su curso mientras los imputados preparan su estrategia defensiva en lo que promete ser un caso de alto impacto político en la provincia.
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
RSS