El tribunal absolvió a una tercera imputada por falta de pruebas. La causa investigaba el uso de certificados médicos falsos para perjudicar a la administración pública provincial.
Este viernes, el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial dictó condena en una causa que investigaba la falsificación de certificados médicos para justificar ausencias laborales y obtener beneficios indebidos del Estado. En su fallo, el tribunal integrado por José Luis Flores (presidente), Adriana Lucero Alfonso y Ariel Parrillis (vocales) condenó a Paola Tonelli y José Toledo a cuatro años de prisión por los delitos de falsificación de instrumentos privados y defraudación a la administración pública provincial, en carácter de coautores.
En el mismo veredicto, Graciela Apaza fue absuelta a raíz del retiro de la acusación fiscal, luego de que la fiscal de juicio Virginia Palacios considerara insuficiente la prueba en su contra.
El veredicto se conoció tras una jornada extensa en la que se escucharon los últimos testimonios, se cerró la etapa probatoria y las partes formularon sus alegatos finales. En ese marco, la fiscal Palacios solicitó siete años de prisión para Tonelli y Toledo, por entender que había elementos suficientes para acreditar tanto la falsificación de los certificados como el perjuicio económico generado al Estado provincial. La querella, representada por el abogado Santiago Calderón Salomón, adhirió a ese pedido.
Por su parte, las defensas de los imputados —ejercidas por Héctor Zabala Agüero (en representación de Apaza) y Federico Farías (por Tonelli y Toledo)— solicitaron la absolución de sus asistidos, alegando falta de responsabilidad penal en los hechos imputados.
Finalmente, el tribunal consideró acreditada la participación de Tonelli y Toledo en los hechos, pero dictó una pena menor a la solicitada por la fiscalía. En el caso de Apaza, al no subsistir acusación en su contra, fue absuelta.
El caso, que se inició hace más de un año, se enmarca en una serie de investigaciones sobre prácticas irregulares en el uso de documentación médica apócrifa para evadir controles y defraudar al Estado, afectando tanto la fe pública como los recursos provinciales. El fallo podría marcar un precedente en futuras causas vinculadas a este tipo de maniobras.
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