La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantía N° 3 por un plazo de 120 días mientras continúa la investigación. No obstante, autorizó al acusado a ausentarse de su vivienda entre las 9:00 y las 15:00 para cumplir con actividades laborales. La presunta víctima es una adolescente de 16 años.
La Justicia provincial dispuso la prisión domiciliaria de un hombre de 63 años que es investigado por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la convivencia preexistente y el grave daño a la salud de la víctima, una adolescente de 16 años que es su hija.
La medida fue resuelta por el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, luego de una audiencia de formulación de cargos impulsada por la fiscal adjunta de Género N° 1, Marisol Boschi.
De acuerdo con la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido a fines de 2025 en la localidad de San Francisco del Monte de Oro. La denuncia fue presentada por la madre de la adolescente.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso diversos elementos de prueba reunidos hasta el momento, entre ellos informes elaborados por docentes de la joven, la declaración de la presunta víctima en Cámara Gesell, pericias médicas y psicológicas, además de otras actuaciones incorporadas al expediente.
La fiscal solicitó la prisión domiciliaria por 120 días al considerar que existían riesgos procesales vinculados a una posible fuga, entorpecimiento de la investigación y riesgo para la víctima. El pedido fue acompañado por la defensora adjunta de Niñez, Belén Suárez, quien además requirió una medida de restricción.
Por su parte, el imputado se abstuvo de declarar durante la audiencia y fue asistido por la defensora oficial en lo Penal, Nadia Agúndez, quien se opuso al pedido formulado por la Fiscalía.
Tras analizar los planteos de las partes, el magistrado hizo lugar a la solicitud y ordenó la prisión domiciliaria por el plazo requerido. No obstante, autorizó al acusado a ausentarse de su vivienda entre las 9:00 y las 15:00 para cumplir con actividades laborales.
Asimismo, la resolución judicial establece una prohibición de contacto con la adolescente y con su grupo familiar mientras se desarrolla la investigación penal.













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