El Gobierno nacional, representado por el Ministerio de Salud de la Nación, comenzó la auditoría para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) de las provincias de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Para seguir gozando del beneficio, las personas deben garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.
Procedimiento para la auditoria
Los beneficiarios tendrán que someterse a una evaluación médica con un profesional de PAMI. Para ello, la institución encargada enviará a los beneficiarios una notificación donde se les informará cuándo deberán presentarse y qué documentación deberán llevar para el control anual del beneficio.
Los especialistas de ANDIS analizarán los antecedentes para posteriormente informar si la persona continuará gozando del beneficio.
Es importante acotar que la respuesta a la notificación es obligatoria. En caso de que la persona no asista a la cita, se le puede suspender la pensión. Si la persona llegara a tener un imprevisto que le impida asistir, deberá justificarlo 24 horas antes de la cita, por el correo inasistenciapnc@andis.gob.ar o a través del chatbot TINA de WhatsApp (+54 11 3910-1010), con la documentación exigida y la copia del DNI.
El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha señalado que la auditoria de esta pensión le ahorraría al Estado, alrededor de los 900.000 millones de pesos este año.
Irregularidades detectadas
La auditoría permitió en 2024 que el Gobierno nacional detectara irregularidades en la asignación de pensiones. De ahí la proyección del ahorro fiscal que presume el Ejecutivo que tendría con esta otra fase de audición. Según datos oficiales, 22.417 pensiones fueron revisadas el año pasado. De estas, solo el 20% cumplía con los requisitos legales. A esto se añade que 150 personas fallecidas y 212 presos recibían la pensión. En octubre, 14 personas que estaban siendo perseguidas por la Justicia, cobraban este beneficio.
Para llevar a cabo con eficiencia la auditoría, el Gobierno decidió trabajar junto con ANDIS y PAMI en cuanto a la contratación de servicios postales, evaluaciones clínicas y procedimientos administrativos. Con ello se busca detectar irregulares de la manera más transparente y objetiva posible.
El Ejecutivo espera concluir la auditoría la primera mitad de 2025. El procedimiento será progresivo pero aleatorio, si bien se le dará especial atención a las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
Investigaciones previas
Entre el 2 de enero hasta el 20 de enero, el Gobierno realizó una primera investigación sobre las personas que disfrutan el beneficio. Las autoridades citaron un total de 1108 personas para ser auditadas. De este grupo, 357 personas no se presentaron a la convocatoria, un grupo que representa el 31,6% de los citados.
De los beneficiarios que acudieron al llamado, 126 personas no cumplían con los requisitos para recibir la pensión. El grupo de persona representa el 16,6%. La auditoría permite que se reduzca el gasto fiscal y que los beneficios lleguen a las personas que realmente les corresponde disfrutarlo.
Asimismo, 16 casos están pendientes para una verificación médica adicional. El proceso de auditoría se extenderá hasta marzo de 2025, aproximadamente, y en esta fase están incluidas personas cuyo procedimiento quedó pendiente verificar.
Fuente: El Diario 24
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