El fiscal de Instrucción 1, David Emmanuel Sastre, lo acusó formalmente del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por la comisión de guardadora accidental”, en perjuicio de una adolescente cuya madre mantenía una relación laboral con el imputado mientras este desempeñaba un importante cargo en el municipio en una gestión anterior. Aunque no se ordenó su detención, deberá cumplir medidas coercitivas durante los próximos 120 días, mientras se lleva a cabo la investigación.
Según se ha conocido, los supuestos abusos cometidos por el ex secretario municipal entre 2020 y 2021 han tenido un impacto traumático en la vida de la víctima, actualmente una adolescente de 15 años. Se informa que los trastornos derivados de estos abusos han alterado su rutina diaria.
Los hechos salieron a la luz hace un año durante una consulta médica en el centro de salud local, cuando los profesionales notaron el malestar de la adolescente. Tras entrar en crisis, confesó los abusos sexuales con acceso carnal que había sufrido dos años antes, entre los 12 y los 13 años, a manos de una persona que tenía una relación laboral con su madre. Estas declaraciones se ratificaron en una entrevista en Cámara Gesell.
Al día siguiente de la revelación, la madre de la víctima presentó la denuncia directamente en la oficina de Gestión de Unidad Fiscal, dando inicio a la investigación que culminó con la imputación formal.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Sastre expuso los hechos narrados por la adolescente ante la psicóloga forense, María José Pérez. “La víctima describió cuatro conductas específicas que se comunicaron al imputado en la audiencia. La psicóloga concluyó que su relato era lógico, inestructurado y flexible, con cierto grado de desorganización propio de los relatos inestructurados. También se observaron signos de angustia y temor en relación a lo denunciado“, detalló el fiscal. Asimismo, agregó que la conclusión de Pérez indicaba la presencia de indicadores consistentes con experiencias de abuso sexual.
Según indica El Diario de la República, los presuntos ultrajes habrían tenido lugar tanto en las instalaciones del edificio municipal donde el imputado tenía su oficina, como en su vivienda particular
El fiscal solicitó una imputación de 120 días para el exfuncionario, con la posibilidad de extender este plazo, y se impusieron restricciones como la prohibición de salir del país, de la provincia y de visitar Luján. Además, se le prohíbe establecer contacto con la víctima a través de redes sociales u otros medios, y se le exige firmar el libro de imputados cada 15 días. Estas medidas fueron aceptadas por el juez de Garantía 2, Ariel Parrillis, quien escuchó detenidamente la exposición del fiscal.
Durante la audiencia estuvieron presentes el defensor querellante Marcelo Otamendi y la defensora oficial Nadia Agúndez, quienes representaron al imputado. La investigación continúa y se espera que se obtengan más pruebas que arrojen luz sobre este caso de abuso sexual.
Fuente: El Diario de la República/Redacción
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