Este martes, la Cámara Alta otorgó sanción definitiva por unanimidad a la Ley de Activos Digitales Gubernamentales. El proyecto ya había sido aprobado anteriormente por los senadores, pero volvió en revisión con modificaciones introducidas por Diputados.
La ley abarca a los tres poderes del Estado, organismos centralizados y descentralizados, e incluye cuentas institucionales oficiales, redes sociales, dominios web, correos electrónicos, credenciales digitales, accesos a servidores y otros bienes digitales del Estado.
El senador Adolfo Castro Luna explicó que el texto aprobado incorpora la modificación introducida por la Cámara de Diputados en el artículo 8, que establece que cada poder del Estado deberá designar su propia autoridad de aplicación, responsable de la administración y resguardo de los activos digitales bajo la normativa vigente. Esta precisión refuerza la autonomía funcional de los tres poderes y facilita la implementación de la ley dentro de cada uno.
La iniciativa surgió a partir de la situación detectada por el actual gobierno al asumir el 10 de diciembre de 2023, cuando se constató la pérdida, eliminación o uso indebido de más de la mitad de las cuentas oficiales generadas a lo largo de los años. Castro Luna destacó que la norma viene a cubrir un vacío legal existente en materia de administración digital en la provincia y ayudará a ordenar y proteger los activos digitales del Estado “frente al vertiginoso avance tecnológico”.
La ley crea un Repositorio Único de Activos Digitales Gubernamentales, que permitirá preservar y organizar los contenidos generados por los organismos públicos durante cada gestión. Además, establece que, en los casos de cambio de gobierno, deberá realizarse un traspaso ordenado y documentado mediante inventarios completos, entrega de accesos y actas refrendadas por escribano público.
También dispone la adopción de medidas de ciberseguridad para evitar pérdidas o accesos indebidos, garantizar la accesibilidad de la información y prohibir el uso partidario o personal de las cuentas oficiales.
El proyecto contó con aportes académicos de la Escuela de Comunicación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe) y de la Secretaría de Comunicación del Gobierno provincial.
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