En una jornada marcada por la tensión política y social, la Cámara de Diputados de la provincia rechazó por mayoría la modificación propuesta al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 2023, que habría permitido al gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá, nombrar personal en planta permanente. Con un resultado de 22 votos en contra y 19 a favor, la iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue enviada al archivo, lo que generó un fuerte malestar entre los beneficiarios del Plan de Inclusión Social.
La noticia del rechazo se propagó rápidamente por toda la provincia y, en particular, entre aquellos que esperaban con ansias la posibilidad de ser incorporados al escalafón de la administración pública mediante este cambio presupuestario. Según informes de “La Gaceta Digital”, decenas de beneficiarios del Plan de Inclusión Social se congregaron frente a la Legislatura en un acto de protesta.
La situación escaló rápidamente a niveles de tensión, cuando manifestantes bloquearon los accesos al edificio legislativo, utilizando neumáticos en llamas como barricadas. Además, lanzaron piedras que impactaron en los techos del estacionamiento y rompieron vidrios de las ventanas del edificio.
El rechazo de la modificación presupuestaria fue posible gracias a un bloque independiente conformado por cuatro diputados que hasta ayer pertenecía al oficialismo, que se unieron a la oposición para votar en contra de la medida propuesta por el gobernador. Esta división en el oficialismo sorprendió a muchos y fue un factor determinante en el resultado de la votación.
Una vez concluida la sesión, los manifestantes que permanecían en las cercanías de la legislatura expresaron su frustración y enojo rompiendo vidrios y derribando vallas. La situación continúa siendo tensa en las horas posteriores.
Foto: La Gaceta Digital
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